Opinión

El papel de las Administraciones Locales en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad

Por Agustín Huete García, sociólogo

15/12/2011

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2006 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, primera convención de derechos humanos del siglo XXI.La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una clara vocación de transformación social. En ella se reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y se precisan los escenarios en los que es necesario intervenir para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.La forma de abordar la discapacidad en la actualidad, por tanto, sigue un enfoque de derechos humanos, que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, al haber sido aprobada y ratificada la Convención por España en 2008.

El ajuste del funcionamiento de nuestra sociedad a los requerimientos de la Convención afecta a muchos elementos de nuestra sociedad y precisará de un compromiso claro hacia los entornos inclusivos, no discriminatorios, considerando la discapacidad como elemento transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política de gobiernose instituciones.

El enfoque correcto en el ámbito de la atención a la discapacidadsupone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los entornos donde estas personas viven, con la puesta en marcha de iniciativas de acción por partede la Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico y local, así como de las propias entidades del sector social. Desde este enfoque, se hacen relevantes dos elementos clave: el entorno y los derechos humanos.

En España, las necesidades sociales de la población tradicionalmente han recibido una respuesta política y jurídica de bajo perfil: atender según se pudiera y hubiera disponibilidad. No han sido entendidas como cuestiones de derechos, el derecho subjetivo de ciudadanía. Los servicios sociales, tan vinculados a la acción de las administraciones locales, han de adquirir el rango de derecho subjetivo, universal, vinculante y exigible.

Las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción pública en materia de discapacidad, en todos los planos y esferas (nacional, autonómico y local) han de incorporar plenamente el enfoque inclusivo que comporta el abandono de modelos que segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad del curso ordinario de la vida en comunidad, asegurando su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la libre opción para llevar un modo de vida participativo conforme a sus preferencias. La garantía de derechos, la protección contra la discriminación y las exclusiones, la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad esté en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.

El mayor peso específico de la discapacidad en la agenda política, ha de venir acompañado de una nueva gobernanza en este campo, que pasa por potenciar el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo, que ha de ser corresponsable de la acción pública en la materia.

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a ejercer competencias en Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. Por su parte, las Comunidades Autónomas reciben de la constitución la competencia exclusiva de Asistencia Social, punto de apoyo para el generalizado desarrollo de marcos legales y recursos administrativos y materiales de competencia autonómica en los últimos 30 años.

Sobre el papel, son las Corporaciones Locales quienes gestionan una red básica de servicios sociales (o mejor dicho una red de servicios sociales básicos, genéricos) mientras que las Comunidades Autónomas realizarían la asistencia a colectivos específicos.

Tan confuso como el párrafo anterior, ha resultado, en la práctica, el diseño final de los Servicios Sociales, navegando entre solapamientos de competencias y lagunas de atención.

Por lo general, aunque las excepciones son casi tantas como municipios existen, este primer nivel de atención, el de las Administraciones Locales, se ha centrado en acciones relacionadas con recepción, información e intervención de ciudadanos/as en situación de precariedad social. Por lo que respecta a discapacidad, las actividades se han orientado a sectores que están claramente ubicados en el campo de acción de los gestores municipales: movilidad, transporte, suelo y vivienda. Resulta reseñable también cierta extensión (escasa en todo caso) de los conocidos como Consejos Municipales de Discapacidad, como estrategia de participación e influencia de las personas con discapacidad en la administración del municipio.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, iniciado en 1988, es un programa que se desarrolla desde la cooperación y la concertación de las administraciones, General del Estado, Autonómica y Local, orientada a la consolidaciónde la Red básica de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales.La cobertura a nivel municipal supera el 97% de los municipios en las Comunidades Autónomas acogidas al Plan (todas a excepción de Navarra y el País Vasco. En los datos disponibles para 2007, algo más de medio millón de personas con discapacidad se han beneficiado de alguno de los servicios y/o prestaciones, previstos en el Plan Concertado, de un total de siete millones de beneficiarios. Los servicios y prestaciones acogidos en el Plan Concertado se extienden a: información, orientación, alojamiento, comedores sociales, centros de estancia diurna, miniresidencias, pisos tutelados, albergues y otros centros de acogida.

El despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto una renovación del papel del municipio como administración de apoyo y promoción de las personas con discapacidad. La conocida como red de servicios sociales básicos ha sido en general reconocida como puerta de entrada al SAAD, lo cual en definitiva ha situado al municipio de nuevo en la vida de las personas con discapacidad, de manera clara.

Tal como hemos conocido en un reciente informe de Evaluación de la ley de Promoción de la autonomía Personal y atencion a las Personas en situación de Dependencia, del Ministerio de Sanidad y Política Social, se recoge que“Las Corporaciones Locales están teniendo un papel activo en la difusión de la información del SAAD a los ciudadanos, en la gestión del acceso al sistema y en la gestión de los servicios de proximidad de manera directa y a través de fórmulas de colaboración con la Administración Autonómica. Ello está facilitando el dar un mayor contenido y estabilidad a la rama local de servicios sociales locales”, lo que además, ha supuesto una reclamación que parece justa: que sea reconocido debidamente el papel de la administración municipal en el despliegue del SAAD. Como dice el citado informe: “Todo indica que el desarrollo del SAAD ha exigido no solo una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales sino también nuevas formas de descentralización que refuercen el papel del ámbito local en la gestión del SAAD”.

Es en este contexto, en el que se evidencia la importancia y capacidad del municipio para asumir un papel protagonista en la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, en el que el CERMI ha editado recientemente un Modelo de Plan de Acción para la Inclusión de las personas con discapacidad, con el que pretende poner a disposición de las Administraciones Locales un documento que sirva como referente a los equipos de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) con el fin de promover políticas públicas de discapacidad inclusivas en 2011-2014.

Se precisan pues unas políticas de respaldo y acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias para ofrecer respuestas más intensas en cuanto a orientación, acompañamiento y ayudas para que desde el mismo seno familiar comience la inclusión de la persona con discapacidad.

Las 10 áreas principales propuestas para el Plan de Acción Local, obtenidas a partir de la revisión de los materiales de referencia, son las siguientes:

1. Información y Sensibilización.
2. Accesibilidad universal.
3. Participación social.
4. Educación y formación.
5. Salud.
6. Empleo (Inclusión Laboral).
7. Vivienda.
8. Ocio y tiempo libre, cultura y deportes.
9. Servicios Sociales.
10. Autonomía Personal y Social.

Agustín Huete García.
Director de InterSocial (www.intersocial.es)
Profesor Asociado de Sociología. INICO. Universidad de Salamanca.